UN CONFLICTO CONTRA LA LENGUA ESPAÑOLA. DESDE LA HISTORIA A LA REFLEXIÓN POLÍTICA.
La lucha por la inclusión de la lengua catalana tiene tras de sí una historia que es conveniente recordar. Como es necesario recordar en que derivó esta cuestión con el paso de los años hasta hoy en día.
En el tardo-franquismo y la primera etapa de la transición dos corrientes pedagógicas concurrían en esos fines. La liderada por María Rubies, fundador de la Escola Espiga, próxima a tesis nacionalistas de derechas y la encabezada por Marta Mata, fundadora del movimiento Rosa Sensat, próxima al PSC. Ambas coincidían en empezar la enseñanza primaria en la lengua materna, se referían al catalán, y luego ir incrementando la otra lengua oficial hasta llegar a secundaria con un equilibrio entre ellas. Esta postura era defendida especialmente por Marta Mata que había vivido el bilingüismo de la Segunda República. Por otra parte, números pedagogos de aquella época manifestaban que era un “crimen” enseñar en la escuela a los niños en una lengua distinta a la materna en cuanto que les provocaba fracaso escolar y problemas psicológicos.
Los cursos de la Escuela de Verano de 1976 vieron la llegada de dos ideas fundamentales y ampliamente aceptadas, enseñanza en lengua materna y bilingüismo escolar de integración, sin separación de alumnos por motivos de lengua.
Estos postulados se olvidan a partir de 1980, con Pujol asentado en la Presidencia de la Generalitat. La izquierda que estaba haciendo una labor de llevar el catalán al cinturón rojo de Barcelona de una forma amable acepta los planteamientos nacionalistas, propios de la derecha, y se inicia un camino de implantación del esa lengua contra la otra oficial, el castellano.
El decreto 270/1982 permitía a los centros utilizar una única lengua vehicular en todas las materias (catalán o castellano). Otro decreto, el 362/1983, incluía una generalización del modelo solo en catalán para extenderlo en los siguientes años. Este último decreto fue modificado a instancias del gobierno de Felipe González para incluir, al menos, una asignatura en castellano, algo así como el manido 25%. En todo caso no se cumplía siempre. En 1a Ley de Normalización Lingüística de 7 de Abril de 1983 se comenzaba la inmersión en las escuelas que asó lo solicitaban.
Las presiones de todo tipo a los profesores castellanohablantes, incluida la terrorista, como fue el atentado a Jiménez Losantos, miembro significativo del Manifiesto de los 2300, fundado el 25-1-1981 para defender los derechos de los profesores castellanohablantes, fueron una tónica generalizada y continua en el tiempo. Desde 1983 los profesores que no enseñaban en catalán y no había superado la prueba en este idioma, empezaron a recibir telegramas de la Generalitat instándoles a pedir traslado fuera de Cataluña, de forma inmediata, sino se haría de oficio y sin elegir destino y sin darles otra oportunidad al respecto. En 1984 ya habían abandonado Cataluña más de 14.000 profesores, muchos de ellos, destacados luchadores antifranquistas.
El Plan 2000 de Pujol, publicado en 1990, era una vuelta de tuerca más en el proceso no ya de “catalanización” de la sociedad sino de nacionalización uniformadora en pro, claro, de la única nación, la catalana. El PP no tenía apenas implantación en el tejido asociativo de Cataluña y tampoco se opuso. El PSC e Iniciativa, la izquierda, no solo no se opusieron sino que, una vez más, adoptaron ese programa como meros cómplices del nacionalismo.
Llegaban así, en la década de los 90, los decretos de inmersión de 1992, que desarrollan la LOGSE en Catalunya. El decreto 75/1992 es el primer texto que manifiesta que el catalán «se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje» (Decreto 75/1992)
A partir de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat, 1998, se implantaba definitivamente la inmersión sólo en una lengua. Dicha ley no fue recurrida a instancias superiores por el entonces Presidente del Gobierno de España, José María Aznar. Sus pactos con el ínclito Jordi Pujol lo impedían. El Estatut de 2006 venía a reafirmar estos postulados.
Toda esta legislación era imprecisa a la hora ejecutarse para permitir así una inmersión por la vía de los hechos consumados. El Tribunal Constitucional ya advertía en sentencia del 2010 que si había un derecho a recibir la educación en catalán también existía a hacerlo en castellano y exigía la “reintroducción” del castellano en todos los cursos aunque correspondía a la Generalitat fijar el porcentaje. Cosa que nunca hizo y que ha obligado a pronunciarse de nuevo a los tribunales de justicia
En 2012, el Presidente Mas inicia el llamado “procés” de independencia utilizando, como ya sucedía desde los 80, la lengua como arma política.
La lucha contra esta imposición excluyente venía de la sociedad civil con una serie de asociaciones que sin ningún apoyo institucional se manifestaban por unos derechos fundamentales o acompañaban a familias en sus denuncias a la justicia para obtener clases en español. Hablamos de Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Asociación por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español, Sociedad Civil Catalana, entre otras. Desde el punto de vista político comenzó a actuar en esta tema Ciudadanos hasta el punto que uno de los ataques que desde el independentismo se hace a esta formación es, según sus planteamientos, su nacimiento para atacar la lengua catalana. Años más tarde se sumaría tímidamente el PP y posteriormente VOX. El PSC y el resto de la izquierda, tampoco entraron en esta defensa, al contrario, estuvieron y están al lado de la inmersión. Los sindicatos de clase, CC.OO., UGT, USTEC-STEs, y los procedentes del nacionalismo apoyaron en todo momento los planteamientos excluyentes perjudicando así a quien dicen defender, la clase trabajadora. Otras fuerzas sindicales se apartaron de esta postura, hablamos de CSIF, ANPE o AMES.
La valentía de ciertas familias que acudían y acuden a los tribunales ha conseguido diversas sentencias de TSJC donde se sanciona algo tan obvio que una lengua oficial como el castellano sea también vehicular en la enseñanza. El Tribunal Supremo ha dictaminado sobre el asunto no admitiendo el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña. Recordemos que el auto del alto tribunal está acorde con el artículo 3 de la Constitución y el art. 6.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero no hay que olvidar el alto coste que para muchas de esas familias ha significado tal “osadía”. El acoso puro y duro de la comunidad educativa y política del lugar está en estos costes. Un ejemplo sería la familia de Balaguer que en 2015 hubo de salir de esta población tras obtener de la justicia ese 25% para la educación de sus hijos. Perdieron el negoción que regentaban, emigrar a otro lugar y escolarizar a los niños en otra escuela. Las manifestaciones, con menores incluidos, contra dicha familia fueron realmente repugnantes para una democracia del siglo XXI. En estos momentos está pasando lo mismo a una familia de Canet de Mar por ganar en los juzgados lo que la Generalitat deniega a sus hijos. Y seguimos con la vergüenza del acoso incluso de profesores que dicen textualmente en redes sociales: “M’apunto anar a apedregar la casa d’aquest nen! Que se’n vagin fora de Catalunya. No volem supremacistes castellans que ens odien” (twiter, 4-12-2021) o «Apartheid a la família que vol destruir la nostra escola i el nostre model. No són benvingudes atès que no estimen a Catalunya. Ja poden marxar-se per on hagin vingut». Estos twuits han tenido muchos re-twuits, son son casos aislados. La reacción del gobierno nacionalista ha sido la esperada. Como no les satisface la disposición del Supremo instan a la rebelión, el no cumplimento y otras lindezas a las que nos tienen acostumbrados. El consejero de Educación envió una carta a los profesores de primaria y secundaria para que no cumplan la justicia. Cumplimiento que se realizaría simplemente impartiendo otra asignatura, además de Lengua Castellana, en español. La cuestión es lo suficientemente grave como para provocar la intervención de la Alta Inspección Educativa, el ministro de Educación o el propio Presidente del Gobierno que debería cesar a dicho consejero si no rectifica de inmediato. Aunque ya sabemos en qué parámetros se mueve y qué aliados tiene el Presidente del Gobierno español.
Hasta aquí la historia de un conflicto provocado por las fuerzas nacional-separatistas y los gobiernos de la Generalitat. Finalizo este artículo con unas reflexiones que como ciudadano y profesor creo necesario exponer.
Cataluña es el único lugar del Mundo donde la inmersión lingüística es obligatoria en una sola lengua marginando la mayoritaria como el castellano. Hay ejemplos de inmersión, como Canadá, pero es voluntaria, nunca impuesta.
La cuestión es igualmente grave por la actitud de la izquierda. Asumir los planteamientos del nacionalismo, excluyentes, discriminadores, atentando contra la igualdad y la libertad, no es propio de esa corriente ideológica. No olvidemos que los más perjudicados por la inmersión son las clases trabajadoras, aquellas que no pueden permitirse un colegio privado para recibir enseñanza en ambas lenguas de forma proporcional, o costearse clases de apoyo al respecto. Circunstancia que se añade a las dificultades de familias con otras problemáticas propias de su condición. Tenemos líderes del independentismo hacen aquello manifestado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando expresó que los padres que quieran enseñanza en castellano para sus hijos los lleven a la privada. La hipocresía en estado superlativo.
Las sentencias se acatan, se cumplen y si no lo hace la autoridad competente, en esta caso la Generalitat, lo debe hacer el Gobierno de España. En 1962 el Presidente de EE.UU., J.F. Kenedy, ante la negativa del gobernador de Missisipi a dejar entrar a James Meredith, un estudiante negro, en la universidad alegando que tenía el apoyo mayoritario de la población de ese Estado, envió a la policía, soldados y a la Guardia Nacional para dar cumplimiento a la legislación que permitía a cualquier ciudadano a inscribirse en la universidad. O el caso de Ruby Bridges, la niña negra de 5 años que en 1960 hubo de ser escoltada por la policía para ir a una escuela de blancos. Aquí también la dejaron sola tanto los profesores como el resto de alumnos. Las mismas consignas contra el niño de Canet de Mar. En España no habría que llegar a tanto. La inhabilitación y las multas son las cuestiones que más duelen a los separatistas que viven del “malvado” Estado español.
Ya va siendo hora de hacer cumplir la ley, con todas sus consecuencias, en Cataluña. A dejar de subvencionar con dinero público todo el entramado propagandístico y de odio que tenemos aquí como la llamada “ONG” del catalán, Plataforma per la Llengua, que se dedica espiar a los niños en el recreo para ver el uso del catalán o a presionar a médicos, profesores, empleados de comercios o restaurantes que no hablan en catalán, cosa que nunca han hecho con el futbolista Messi. Los perjudicados son siempre los trabajadores. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la izquierda? Derecha e izquierda, en Cataluña y en Madrid, ha creado el caldo de cultivo para esta lamentable situación que hay que revertir.
¿Derecho a decidir? Si, en aquello que es democrático, la lengua oficial en la que queremos educar a nuestros hijos, al menos con una cierta proporcionalidad. ¿Por qué no se pregunta a los padres?. ¿Por qué tienen miedo a la libertad?
